La respuesta fue negativa. Tras presentar su caso a estancias nacionales e internacionales, su denuncia ha sido aceptada a trámite por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, al considerar que podrían haberse vulnerado los derechos de este colectivo. Todo un logro. "Sólo admiten unos seis casos al año. Algo han tenido que ver. Pero tiene valor. De momento, me han escuchado", dice. Siente que, por fin, puede hacerse justicia. Así, la actuación del consistorio podría acarrear la primera acusación a nuestro país en este sentido.

 

Los hechos se remontan a 2009, relata el diario La Razón.es. Flores, que entonces tenía 30 años, recibió un aviso de la central: una mujer estaba siendo víctima de un delito de violencia de género en frente de un supermercado. Cogió su moto y se dirigió a la zona. En un cruce, sufrió una colisión con un coche. El accidente le causó lesiones, pero lo peor estaba por venir. Al poco tiempo, y estando de baja, fue testigo de un "tirón" en plena calle. Un joven le estaba arrancando del cuello una cadena de oro a una mujer mayor. El ladrón se lo quitó, pero Flores le persiguió y consiguió reducirlo. Ya llevaba a cuestas "una lesión complicada", pero aquella acción le costó una recaída y, consecuentemente, la pérdida de su trabajo. "La planta se quedó destrozada. El pie se me pone como una bota si ando más de una hora". Tuvieron que ponerle una serie de hierros y agujas para fijárselo. Pero él lo tiene claro: "Si viera que le pegan un tirón a otra señora, lo volvería a hacer". Actualmente, cobra una pensión contributiva del 55% sobre su base de cotización. Una cantidad que, en buena parte, va destinada a los cuidados que aún necesita.

 

Su demanda durante estos años se resume en este punto: Flores quiere trabajar para el cuerpo policial al que pertenece desde hace 15 años. Aunque sea detrás de una mesa de despacho, una opción disponible en cuerpos pertenecientes a las Fuerzas de Seguridad y los Bomberos. Y es que sufrir una incapacidad no significa estar incapacitado. Prueba de ello es que "estoy siendo productivo en otra empresa". Concretamente, es técnico de prevención de riesgos laborales.

 

El hecho de que hablemos de los Guardias Urbanos, pertenecientes a una autoridad local, no supone en este caso ninguna diferencia. "El único que tiene potestad para jubilar es la Administración. El INSS ve el caso, te evalúa y te reconoce una discapacidad. A partir de ahí, pregunta: “¿Le adaptan a esta persona sus funciones?”", explica. La admisión a trámite de la ONU supone un impulso a un caso que previamente había sido rechazado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que admitió el recurso del Ayuntamiento de Barcelona. El Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazaron su denuncia. A su lado, afortunadamente, siempre ha estado el CERMI, que ha sido quien intercedió por él ante la ONU.

 

Flores explica que el suyo no es un caso aislado. De hecho, preside la Asociación por la Integración Laboral de los Policías Locales con Discapacidad (Ailpold), desde la que denuncian estas situaciones. Concretamente, en Cataluña se han dado varias: Figueras, Hospitalet de Llobregat, Granollers... "En Cataluña es algo habitual, en Valencia lo tienen todo muy bien definido, en Madrid se ha dado algún caso, pero es muy poco frecuente...", dice Flores. Un agente con paraplejia y pérdidas de memoria, quiere seguir perteneciendo al cuerpo; un mosso que perdió un brazo y al que le dijeron que en ese estado "el uniforme le quedaba mal...". Lo triste es que muchos agentes "están escondiendo enfermedades por miedo a que los echen. Por ejemplo, de los 17.000 mossos, sólo el 10% se ha presentado al reconocimiento médico". Además, casos como el suyo dan lugar a que se lance un mensaje muy peligroso para los policías, que, ante la posibilidad de perder su trabajo, podrían preferir evitar riesgos.

 

En su opinión, "en la administración y en los ayuntamientos te encuentras a mucha gente en la poltrona, que no entienden lo que es una discapacidad". Las elecciones anticipadas en Cataluña y la actual falta de un presidente en el Parlament autonómico han paralizado, de momento, el compromiso de la Comisión de Interior de abordar una propuesta de ley de regulación de segunda actividad. Al menos ahora, tras el comunicado de Naciones Unidas, Vicenç Flores cree que, por fin, puede saldarse una deuda.